PROBLEMATICA DE GUATEMALA.

PROBLEMÁTICA DE LA SALUD EN GUATEMALA.

Hay en la a ctualidad, miles de guatemaltecos que por no poder acceder a servicios de salud no pueden llevar una vida saludable y prevenir una enfermedad y si no se modifica el sistema de salud actual, que demanda a gritos, de reformas legales, financieras, gerenciales del modelo de atención que se tiene, la situación en las próximas décadas será aún peor.

Fue en 1944, fecha de fundación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que a través de una organización mejor, una atención más ordenada, especializada y exclusiva de los temas de la salud, que se toma a su cargo, la salubridad general e higiene nacional y simultáneamente la asistencia. En 1946, se funda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para la atención a la salud del trabajador guatemalteco.

Lamentablemente, el trabajo y funcionamiento de las instituciones de salud en Guatemala, siempre se han realizado de manera independiente y han funcionado de forma desintegrada para la resolución de la problemática nacional.

Actualmente, un perfil epidemiológico totalmente diferente al de hace 50 años, un precepto constitucional, una organización deficiente del sistema de salud para hacerle frente a ese perfil y darle cumplimiento al mandato constitucional, se convierten en los principales retos del Estado en materia de salud.

LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA SALUD

Hay tres dimensiones de riesgo a la salud. La primera dimensión es la que se conoce como la protección contra riesgos a la salud y se puede identificar de dos tipos: riesgos sanitarios (exposición pasiva) que necesitan de protección. Las infecciones ejemplifican esto y en ese sentido nos enfrentamos a una lucha contra la contaminación al ambiente, por parte de algo ajeno al sujeto y que puede enfermarle o matarle. Por otro lado, están los riesgos conductuales (exposición activa) en donde el riesgo depende de la conducta del sujeto; donde uno mismo favorece su aparecimiento y persistencia y por consiguiente su impacto. Los hábitos como el tabaquismo y el alcoholismo son dos ejemplos. Tenemos muchas instituciones para protegernos contra riesgos a la salud, pero su actuar independiente, descoordinado, y su mala organización no ha sido suficiente y si se quieren avances en ese sentido, demanda organizar el trabajo en salud a efecto de ir disminuyendo la magnitud de los problemas. A ese nivel se le conoce como protección de la calidad de la atención. Su fin es proteger al paciente. En esta dimensión de la protección, el individuo o la sociedad entran en contacto con una institución que apoyará la resolución de su problema o como mínimo, brindarle seguridad. La seguridad sanitaria se basa en una máxima ética “no hacer daño” ya que muchas veces, las unidades y servicios de salud, pueden provocarlo. La segunda es la efectividad o lo que vale decir que no sólo no queremos que le pase algo malo a la persona sino “que el tratamiento sea el adecuado y haga lo que tiene y se espera que haga”. Y la tercera que cada vez se olvida más es el trato digno a la persona. Las personas con problemas de salud están viviendo en una situación particularmente vulnerable cuando se convierte en un paciente y no sólo espera que se le brinde calidad técnica (seguridad y efectividad), sino calidad en la relación, lo que ha creado una serie de derechos como el derecho a la confidencialidad o el derecho a participar en las decisiones. En la actualidad, se habla de una ineficiencia del sistema de salud para poder cumplir con su tarea de protección a la calidad de la atención, porque no se ha fortalecido con éxito la institucionalidad de sus políticas, los procesos y las operaciones no funcionan bien y tampoco se coordinan las políticas de salud con las sociales. Acá aparece de pronto una nueva dimensión de la protección: la protección financiera, es decir, proteger a las personas de las consecuencias económicas de enfermarse y de buscar atención. Esas dimensiones son las que deben ser sujetas de visualización, atención y reforma dentro del sistema nacional de salud actual, para darle cumplimiento a lo que manda la Constitución. Es demanda de reforma de los procesos y la estructura pública a fin de mejorar su capacidad de gestión y operación actual.